28/abril/2012
Miguel Concha
Se aproxima el primero de mayo, día en que los trabajadores
festejan sus luchas y conquistas por tener una vida digna. En México, sin
embargo, el tema será el recrudecimiento de la injusticia laboral, la falta de
libertad sindical y la violación recurrente de los derechos humanos laborales
más elementales. Todo esto en el contexto de un sexenio que termina bajo el
signo de la pobreza, la muerte y la criminalización de la lucha social.
En la denuncia de la situación tendrá un papel fundamental
el Tribunal Internacional de Libertad Sindical, que este fin de semana sesiona
en la ciudad de México.
Si bien es cierto que desde hace décadas México ha estado
bajo gobiernos que han abandonado su obligación constitucional de proteger a la
clase trabajadora, para declinar en favor de los patrones, la actual
administración se ha distinguido por llevar esta política a extremos
verdaderamente inimaginables. Para ello ha echado mano de instrumentos tan
perversos como la tercerización (outsourcing), los contratos colectivos
de protección patronal, la dilación y discrecionalidad en la impartición de la
justicia, la arbitrariedad de las autoridades laborales y su complicidad con
sindicatos fantasma, hasta llegar a la violencia física contra los trabajadores
y sus organizaciones, a través del uso de golpeadores o paramilitares, como los
utilizados para romper la huelga minera de Cananea en 2010.
Aunque constantemente se ven rebasados por actos que buscan
impedir su organización, es cierto que han ocurrido algunos cambios que
favorecen su protección legal. Es el caso de la reforma constitucional de junio
de 2011, que, merced a la modificación del artículo 102-B, da a las Comisiones
de Derechos Humanos facultad para conocer en el ámbito laboral. O la del
artículo 1, que permite que lo relativo a los derechos humanos, incluidos los
laborales, se interpreten en consonancia con la misma Constitución y los
tratados internacionales en la materia, como el Convenio 87 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre libertad sindical.
Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación
emitió la tesis jurisprudencial 32/2011, con la que limita la competencia de la
Secretaría del Trabajo y de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para
verificar la legalidad de las elecciones dentro de los sindicatos y en el
proceso de entrega de la toma de nota, y con ello impide que la autoridad
laboral haga revisión o investigaciones que, sin importar lo asentado en las
actas correspondientes, desautoricen las resoluciones de la asamblea sindical.
Esto por lo menos en el papel devuelve a los trabajadores su derecho a elegir
libremente a sus representantes, aunque todavía hace falta vigilar que se
cumpla.
En contraposición encontramos el anticonstitucional decreto
del pasado 27 de octubre de la Junta de Conciliación y Arbitraje en el DF, que
con el eufemístico nombre de criterios de funcionamiento impuso una verdadera
reforma laboral regresiva que violenta la libertad sindical, al imponer a los
trabajadores que buscan organizarse sindicalmente unos 330 requisitos. Con
ello, la Junta Local dejó por escrito lo que cotidianamente se realiza: la
violación de los derechos laborales colectivos. Las y los trabajadores deben
atravesar un verdadero vía crucis para contar con un sindicato auténtico,
aunque casi nunca lo consiguen, perdiendo en ello muchas veces su trabajo y
arriesgando incluso su integridad física.
En México, pues, no existe prácticamente el derecho de libre
asociación sindical y contratación colectiva. Y democratizar la vida laboral es
indispensable para hablar en serio de democratización del país y de respeto a
los derechos humanos básicos.
Ante esta situación un grupo de sindicatos y organizaciones
de México, Estados Unidos, Canadá, España y varios países latinoamericanos, se
dieron a la tarea de crear y mantener una instancia civil de peso internacional
y de indiscutible calidad moral, que juzgue y resuelva sobre estos graves
problemas. De ahí el surgimiento del Tribunal Internacional de Libertad
Sindical.
Ante este Tribunal, creado en 2009, ha comparecido un
sinnúmero de sindicatos y movimientos para denunciar los atropellos sufridos
por patrones y autoridades laborales. Los más significativos han sido los
sindicatos Mexicano de Electricistas, Minero, de Telefonistas, de Trabajadores
Unidos de Honda, de Vidriera del Potosí, Unión de Técnicos y Profesionistas
Petroleros, entre muchos otros. Estos gremios han encontrado ahí una caja de
resonancia a su problemática.
Con base en las pruebas y testimoniales presentadas por
trabajadores de todo el país, el Tribunal ha condenado al gobierno mexicano por
ser el principal responsable de las violaciones a la libertad sindical. Dichas
sentencias han sido entregadas a instancias de los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, así como a comisiones de derechos humanos. También se
han presentado a nivel internacional a diversas instituciones, lo que ha
servido para que en distintas latitudes se conozca la realidad de las y los
trabajadores mexicanos.
Para dar continuidad y permanencia a sus trabajos, el
Tribunal sesiona nuevamente en la ciudad de México. Sus miembros abordarán
también su consolidación como Tribunal Permanente de Libertad Sindical para
América Latina, opción que deriva del prestigio que ha logrado con la
visibilización de la problemática mexicana, con sus resoluciones jurídicamente
impecables, y con la necesidad de contar con una instancia de este nivel,
expresada por sindicalistas de los países del sur del continente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario